Chihuahua.– La delegada de Bienestar, Mayra Chávez Jiménez, afirmó que la política social impulsada por el Gobierno Federal va más allá de intereses particulares, al tratarse de una estrategia basada en derechos y justicia social.

Señaló que, cuando se habla del bienestar de las familias chihuahuenses, ningún actor político puede estar por encima de ese principio. En ese sentido, destacó que los programas sociales ya están reconocidos como derechos constitucionales, lo que impide su uso con fines electorales.

Explicó que su incorporación a la Constitución garantiza la permanencia de pensiones y apoyos como un beneficio legítimo para la población. Añadió que cada vez más la ciudadanía los asume como derechos adquiridos, lo que fortalece la certeza de que no pueden ser retirados.

“El pueblo chihuahuense sabe que es un derecho que adquirió y que nadie se lo puede quitar”, puntualizó.

Finalmente, recalcó que estos apoyos no deben considerarse dádivas, sino un acto de justicia para quienes han trabajado durante años, con el objetivo de dignificar la vida de las personas beneficiarias y consolidar un sistema que responda a las necesidades reales de la población.