Chihuahua.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito reconoció que la competencia para conocer de un asunto penal por peculado relacionado con el manejo de recursos públicos durante la administración de Javier Corral Jurado, ya había sido definida a favor de la jurisdicción federal.
Mediante la resolución del conflicto competencial administrativo 24/2026 emitida el 22 de octubre de 2026, el órgano colegiado determinó que no existía una nueva controversia que resolver, debido a que el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito ya había establecido esa competencia en el conflicto 20/2025, mediante una resolución que adquirió firmeza.
El criterio implica que las autoridades judiciales locales no pueden desconocer ni volver a controvertir una determinación firme que atribuyó a los tribunales federales la facultad de conocer de los mismos hechos.
La controversia está relacionada con una causa penal por peculado vinculada con el manejo de participaciones federales en Chihuahua, durante el gobierno encabezado por Javier Corral Jurado.
Lo relevante de la nueva resolución es que retoma cinco criterios jurídicos establecidos en el conflicto 20/2025. El primero señala que las participaciones federales conservan su origen federal aun después de ser transferidas al Gobierno del Estado; el segundo establece que su administración por autoridades estatales no elimina las facultades federales de fiscalización.
Asimismo, determina que el lugar donde ocurrieron los hechos no define, por sí solo, la competencia penal, y que la existencia del delito de peculado tanto en la legislación federal como en la estatal no significa que ambas jurisdicciones puedan conocer indistintamente de los mismos hechos.
El quinto criterio establece que para determinar qué jurisdicción debe intervenir es necesario analizar la naturaleza jurídica de los recursos involucrados y la identificación del sujeto pasivo, además de las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Al resolver el conflicto 24/2026, el Segundo Tribunal Colegiado determinó que la nueva controversia era inexistente, debido a que la competencia ya había sido definida mediante una resolución firme, por lo que no procedía volver a discutir el asunto bajo las mismas condiciones jurídicas.

